La corrupción de los funcionarios penitenciarios, ha representado un tema latente en los últimos treinta años. Alrededor de variados personajes que han trabajado y prestan actualmente servicios para el Sistema Penitenciario nacional, se ha tejido toda una maraña de señalamientos donde se les involucra en comportamientos irregulares en el ejercicio de funciones públicas.
La realidad muestra que la corrupción comienza a manifestarse en la cárcel desde el mismo ingreso del preso; en las primeras de cambio, cualquier funcionario está dispuesto a despojarlo de los bienes que trae: dinero, joyas, perfumes, entre otros. Posteriormente lo extorsionan para ubicarlo en un lugar de alojamiento que ofrezca menos riesgo, y en el curso de la reclusión continúan haciéndole cobros irregulares.
Las investigaciones del personal de seguridad, en muchos casos dan muestra que este tipo de reos forma parte de las mafias que funcionan en los centros para la venta de drogas y armas; sin embargo, se les otorgan privilegios de forma muy desigual al resto de los reclusos, se les asignan locales para dormitorios acondicionados, se les permite acceso de cualquier artefacto eléctrico, se les conceden visitas diarias a sus familiares, etc.
Con respecto a la permanencia de la corrupción en los establecimientos penales podemos citar como ejemplo, la perdida de los equipos dotados por la Unidad de Gestión del Proyecto de Reinserción Social de Delincuentes del Convenio Unión Europea – República de Venezuela, realizadas en el año 2.008, donde se hizo entrega de varios equipos que tanta falta hacen para facilitar el trabajo a los funcionarios y poder ejecutar actividades de tratamiento y seguridad. A escasos días de haberse realizado la dotación en las Cárceles de Maracaibo y Barquisimeto, se extraviaron las computadoras, televisores y otros materiales.
Con este hecho se repite la experiencia del aporte anterior de la Unión Europea, donde se extraviaron y destruyeron equipos e instalaciones dotados y construidos como parte de un proyecto similar en las mismas cárceles. Frente a estas situaciones, se presume ha existido negligencia, omisión o complicidad de las autoridades, por cuanto no se conoce que la Dirección General de Rehabilitación y Custodia haya iniciado una averiguación para determinar responsabilidades de las pérdidas ocurridas.
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